Un trabajo de Fátima Gutiérrez obtuvo el primer premio en el concurso REFLEJAR 2019

El trabajo de investigación elaborado por la subjefa de la OGA Civil del Poder Judicial de Formosa, María del Carmen Fátima Gutiérrez titulado: “Peritaje cultural y el derecho de niñas, niños y adolescentes indígenas a ser escuchados y expresarse en el propio idioma”, obtuvo el primer premio en el Certamen Nacional de Escuelas judiciales organizado por el Instituto de Capacitación judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, REFLEJAR.

El concurso denominado “Premio Reflejar 2019” consistió en la presentación de trabajos monográficos en relación al temática “Niñez y Adolescencia. Vulnerabilidad y conflicto con la ley. Buenas prácticas en capacitación para garantizar un efectivo acceso a Justicia en estas situaciones”.

Estuvo dirigido a los Centros y Escuelas Judiciales que integran el referido Instituto y a los magistrados, funcionarios y agentes de los Poderes Judiciales. Fue orientado a presentar propuestas concretas, generales o sectoriales sobre las mejores prácticas de capacitación en materia de niñez y adolescencia en conflicto con la ley, o de vulnerabilidad social o familiar, siendo el objeto del concurso, estimular y promover el desarrollo de actividades de investigación.

Aporte novedoso

Al emitir su dictamen, el jurado del concurso tuvo en cuenta los criterios del artículo 18 del reglamento, y tras evaluar los 19 trabajos presentados, consideró que el correspondiente al autor anónimo “Norteño”, cuyo título es Peritaje cultural y el derecho de niñas, niños y adolescentes indígenas a ser escuchados y expresarse en el propio idioma”, reúne las condiciones para obtener el primer premio, en atención a la pertinencia temática, el diseño de la propuesta que se elabora, la claridad en la exposició de los conceptos y la línea argumental desarrollada, constituyendo un aporte novedoso a la capacitación en un campo temático que constituye una cuenta pendiente para el efectivo acceso a la Justicia por parte de un pueblo.

El jurado magistral estuvo integrado por la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Iride I. M. Grillo y la abogada, docente e investigadora del CONICET, Marisa Herrera.

La premiación se realizará el próximo 6 de diciembre de 2019 en la cena de fin de año de la JUFEJUS, en la provincia de Tucumán.

La investigación

El trabajo de Fátima Gutiérrez, galardonado con el primer premio, se basa en situaciones cotidianas que obligan a repensar la forma de dar respuesta concreta y eficiente como operadores de la Justicia, a través de mejores prácticas que garanticen el efectivo acceso a Justicia de niños y adolescentes de las comunidades originarias de nuestra provincia, en tanto se trata de un grupo social cuyos derechos humanos no siempre se respetan ni se exigen y que, por su condición de vulnerabilidad debido a sus circunstancias sociales, étnicas y/o culturales “encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Particularmente cuando la misma Convención sobre los Derechos del Niño les asegura el derecho de “ser oídos” con las debidas condiciones de resguardo.

Las Reglas de Brasilia indican al hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes en los actos judiciales o que aquellos además pertenezcan a las comunidades indígenas, la necesidad de asegurarles “la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo”... recomendando en aquellos casos en que la administración de justicia estatal debiera resolver conflictos fuera de la comunidad indígena “abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho de expresarse en el propio idioma” (Arts. 48 y 49), tarea que se relaciona íntimamente con la necesidad de contar con los intérpretes que las mismas Reglas ya mencionan en su art. 32. Insisten estas Reglas en que la comunicación con niños, niñas y adolescentes en los actos judiciales se realizará en salas adecuadas, utilizándose lenguaje sencillo (¿Y por qué no su propio idioma?), evitándose formalismos innecesarios priorizando su edad y desarrollo integral (Art. 78), exigiendo el respeto hacia la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas. (Art. 79)

El Proyecto

El trabajo premiado responde a diversas experiencias y situaciones vividas personalmente por Gutiérrez como jefa de Despacho de los Juzgados de Menores, del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3 y de las Oficinas de Oralidad Penal y Civil, más recientemente.

Sobre este tema, Gutiérrez consideró que a veces la humanidad en el trato excede a nuestras posibilidades reales de dar respuesta a algunas barreras al acceso a Justicia para grupos minoritarios y desventajados como es el caso de niños, niñas y adolescentes originarios. “En distintas oportunidades -agregó- aún queriendo solucionar situaciones particulares, ha sido imposible comprender y comprendernos ni aún utilizando las quizá escasas herramientas que se adquieren con el transcurrir del tiempo, escucha activa, respeto hacia las condiciones particulares y de desigualdad, comprensión real de los hechos tal como ocurren en el ámbito de una comunidad originaria”.

Señaló más adelante que el español reconocido como idioma oficial, también es el idioma “obligatorio” de niños y niñas originarias, pero no es su lengua materna, la que escuchan a diario y ante la situación de que sus derechos hayan sido vulnerados en el contexto de la ley penal, “mi preocupación siempre ha sido la formulación de las preguntas técnicas (del proceso, identificación, narración de hechos), el relacionamiento con el equipo interdisciplinario (Cámara Gesell), íntegramente hablados en español, pero además e inevitablemente, todo ocurre en sede judicial, en espacios físicos distantes, diferentes a los que habitualmente ellos frecuentan más relacionados con la naturaleza y la vida al aire libre”, advirtió.

En tal sentido, afirmó que sus condiciones de vida en zonas habitualmente alejadas de la ciudad, influyen en el resultado final de esa declaración tan necesaria y que no hace más que desvestir tantas desigualdades en todos los órdenes.

La propuesta final del trabajo incluye las tareas de prevención jurídica, capacitación, y la creación de un Registro de Intérpretes de Lengua Originaria del Poder Judicial de Formosa que nos permita avanzar en garantizar y dar una protección real de los derechos de niños, niñas y adolescentes originarios hacia una igualdad positiva con los demás integrantes de nuestra población.

La Comunidad Originaria en Formosa

En Formosa, el reconocimiento de la preexistencia de la población indígena es política de Estado, reafirmándose constitucionalmente la auténtica identidad multiétnica y pluricultural de la Provincia.

Cada uno de los tres grupos mayoritarios (Tobas, Pilagás y Wichís) se comunica en su propio idioma, que a diferencia de lo que ha sucedido en otras provincias argentinas y en otros países latinoamericanos, se ha conservado vivo hasta hoy y es hablado por todos sus miembros, inclusive con dialectos que totalizan 17 variantes.

Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (2004-2005) entre las lenguas originarias más habladas en el país se encuentran la lengua QOM LAQTAQ (Toba) y WICHI, entre las 15 lenguas actualmente vigentes. Asimismo, se puede añadir como dato interesante, que el 48,3% de la población originaria Toba (Qom), sólo habla su lengua nativa, mientras que un 36% habla castellano y su lengua nativa priorizando el castellano por su cercanía con alguna zona urbana y por último, un 15% de ellos prioriza su lengua originaria pero adquirió conocimientos de la lengua castellana para cuando es necesario comunicarse en este idioma.

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