Se realizó lectura de la sentencia en Caso Antoliano Figueredo

La Cámara Primera en lo Criminal condenó a un año y diez meses de prisión en suspenso por el delito de allanamiento ilegal a los tres policías que estaban acusados de la muerte de Antoliano Figueredo y desestimó la posibilidad de que el hierro que se incrustó en uno de los ojos del joven y que terminó con su vida horas después haya sido producto de una acción homicida, sino más bien de una caída accidental cuando la víctima pretendía escapar de los policías que habían irrumpido violentamente en una casa del barrio Santa Rosa para detener a varios de sus amigos.
Antoliano Figueredo murió el 6 de marzo de hace cinco años en el Hospital Central, horas después de que un hierro se incrustara en el ojo izquierdo atravesándole la cavidad orbital durante un confuso incidente que ocurrió esa madrugada en el interior de una casa ubicada en calle Etchegaray 1640, cuando tres policías irrumpieron con violencia en la vivienda para detener a varios amigos de Antoliano que segundos antes se habían refugiado en el inmueble escapando de la persecución policial.
Por la muerte de Figueredo fueron enjuiciados cuatro policías: un sargento acusado de haber sido el autor material de la muerte del joven y dos oficiales y un agente procesados por los delitos de encubrimiento y allanamiento ilegal.
El juicio oral y público duró un mes y medio y durante sus maratónicas y extensas audiencias desfilaron más de medio centenar de testigos, entre médicos, forenses, peritos, vecinos del lugar, policías y los propios jóvenes que esa madrugada escaparon de la Policía y se refugiaron dentro de la casa donde desafortunadamente se encontraba Antoliano Figueredo.
Ayer a las 9.30 se dio lectura al esperado fallo del juicio por la muerte del joven Figueredo. El presidente del Tribunal, Rubén Castillo Giraudo leyó durante cuatro horas las ochenta hojas de la enjundiada sentencia que con el voto unánime de los tres jueces (Castillo Giraudo, Luisa Zanín y Ricardo Rojas) absolvió por falta de pruebas al sargento de Policía acusado de homicidio y terminó condenándolo a éste y a los dos oficiales que integraban la dotación por el delito de allanamiento ilegal. Uno de los oficiales también fue encontrado culpable del delito de omisión de auxilio a la víctima, en tanto el agente –que no participó de los hechos ni entró a la vivienda- ni siquiera fue acusado por el fiscal ni la querella por lo que fue absuelto de culpa y cargo.
Los jueces del Tribunal dijeron en el fallo que lo único que quedó debidamente probado fue que los policías entraron ilegalmente a la casa donde ocurrieron los hechos y que producto de esta accionar ilícito se produjo la muerte de Antoliano Figueredo en forma accidental.
Se refirieron en forma detallada a la falta de pruebas que demuestren con plena certeza y de manera unívoca que el sargento de Policía entró a la vivienda a matar al joven Figueredo y echaron por tierra con sólidos fundamentos fácticos y jurídicos la versión sin asidero, carente de seriedad probatoria, cambiante y contradictoria del único testigo que incriminó al suboficial de Policía, quien ahora será investigado por el posible delito de falso testimonio.
Por la oscuridad que había en el lugar de los hechos que tornaba nula la visibilidad y la confusión que reinaba en ese momento producto de gritos, corridas e intimidaciones, ninguno de los jóvenes pudo presenciar como se incrustó el hierro en el ojo izquierdo de Antoliano. “Nadie vio la supuesta agresión a Figueredo ni contra ellos mismos, no hubo agresión a los jóvenes –lo que luego quedó acreditado con informes médicos y testimonio de forenses y especialistas, dejando huérfana la versión del testigo que afirmó lo contrario, incluso fueron los propios jóvenes y no la Policía quienes manifestaron que se trató de un accidente”, dice el fallo judicial.
No tengo certeza del modo en que ocurrieron los hechos pero tiene más asidero la caída accidental contra el hierro que estaba clavado en el suelo dentro del dormitorio de la casa sosteniendo una tabla que tapaba un agujero en la pared, que la intención del acusado de matar a Antoliano Figueredo, posibilidad, por otra parte, que no ha quedado probada con la certeza plena que requiere esta instancia del proceso para emitir un fallo condenatorio”, aseveró el juez Castillo Giraudo en su voto que tuvo el aval de sus pares.
El tribunal cargó con dureza contra el médico del hospital que en la fatídica madrugada al ver la lesión en el ojo de Antoliano aseveró de manera irresponsable a los familiares de la víctima que se trataba de un homicidio. “Esta versión tan grave como truculenta fue la rueda que llevó a los familiares a dar crédito a esta hipótesis que no pudo ser sostenida con elementos probatorios”, dice el fallo, indicando que este profesional también será investigado por el posible delito de falso testimonio.
A criterio del Tribunal tampoco quedó acreditada la motivación del supuesto homicidio y los jueces calificaron de “improbable e inverosímil” la hipótesis de la venganza por motivos pasionales surgida de un comentario callejero que no fue probado en juicio.
No hay ningún indicador que el acusado haya entrado a la casa a matar a la víctima; la agresión no tiene asidero ni sustento probatorio, no supera la mera probabilidad y el delito de homicidio no tiene pruebas en que apoyarse”, asevera la sentencia.
Por la inexistencia de elementos probatorios que lleven a una conclusión objetiva unívoca, el Tribunal consideró que el estado de inocencia del acusado no fue vulnerado, correspondiendo su absolución al no haber certeza plena de haber sido autor del delito endilgado.
Para el Tribunal la caída de Antoliano fue accidental en medio de un suceso desafortunado que tiene dos víctimas: por un lado el joven fallecido, de impecable conducta, sin vicios, excelente estudiante, buen hijo, y por otro lado, su madre Leonidas Sosa que, además de padecer la muerte de su hijo con las consecuencias naturales de un hecho tan penoso, “sufrió mentiras y ocultamientos a lo largo de todo este tiempo, como el caso del testigo cuya versión no tiene respaldo ni sustento”, enfatizó el juez Castillo Giraudo.
La jueza Zanín fundamentó de manera sintética su voto haciendo importantes consideraciones valorativas sobre los hechos, a la vez de compartir plenamente los dichos del juez Castillo Giraudo. “La falta de visibilidad, la confusión y la ausencia de testigos conspiraron contra la precisión de saber que pasó y cuál fue la dinámica de los hechos, lo que diluye la posibilidad de certeza. Todo esto produce la lógica frustración al no aflorar la verdad y por más marchas, ataques y reclamos –los que considero legítimos de hacerlo- no podemos los jueces apartarnos del marco legal y borrar las garantías constitucionales que gobiernan el proceso”, sostuvo la jueza Zanín.
Finalmente, el sargento de policía fue absuelto del delito de homicidio y condenado, junto con los dos oficiales, a un año y diez meses de prisión por el delito de allanamiento ilegal; circunstancia que a criterio del Tribunal fue lo único que quedó probado a lo largo de esta prolongada y compleja investigación judicial.
Por el procedimiento ilegal de los funcionarios policiales, el Estado Provincial fue condenado a pagar a los familiares de la víctima la suma de 350 mil pesos con concepto de suma indemnizatoria por el daño moral ocasionado a los mismos.
 

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