Vejaciones a menor - Sentencia Nº3986

En la ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, se reúne en la Sala de Audiencias “DR. Juan José Paso”, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, bajo la presidencia del Sr. Ministro, Dr. Ariel Gustavo Coll y con la asistencia de los Señores Ministros Dres. Eduardo Manuel Hang, Guillermo Horacio Alucín, Marcos Bruno Quinteros y la Sra. Ministro Subrogante Dra. Telma C. Bentancur constituídos en TRIBUNAL DE CASACIÓN, para pronunciar SENTENCIA en el Expte. Nº 103 – Fº 96 – Año 2.011, registro de la Secretaría de Recursos, caratulado: "ROLDÁN, RICARDO HUMBERTO S/ APREMIOS ILEGALES", venidos para resolver RECURSO DE CASACIÓN, interpuesto a fs. 155/162 por la Señora Defensora Oficial de Cámara Nº 1, contra la SENTENCIA Nº 9980/11, obrante a fs. 146/153, dictada por la Excma. Cámara Primera en lo Criminal, que condenó a Ricardo Humberto Roldán a la pena de un (1) Año de Prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial por dos (2) Años para ejercer funciones dentro de la fuerza policial, demás accesorias legales y costas, por hallarlo autor material y penalmente responsable de la comisión del delito de VEJACIONES (Art. 114 bis, primera parte, inc. 2º, primera hipótesis y 29 inc. 3º del Código Penal). EL ORDEN DE VOTACIÓN de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias y artículo 126º del Reglamento Interno de la Administración de Justicia, es el siguiente: 1er Término: Dr. Ariel Gustavo Coll, 2do Término:  Dr. Eduardo Manuel Hang; 3er Término: Dr. Guillermo Horacio Alucin; 4to Término: Dr. Marcos Bruno Quinteros y 5to Término: Dra. Telma C. Bentancur; y,
El Señor Ministro, Dr. Ariel Gustavo Coll, dijo:
    Que habiéndose realizado la Audiencia de informes prevista en el Art. 433 del C.P.P, vengo a emitir mi voto con relación al Recurso de Casación promovido por la Defensa Oficial, a fs. 155/162, contra la Sentencia Nº 9980-Tomo 2011 por la que condenara a su asistido Ricardo Humberto Roldán a la pena de Un (1) Año de prisión en suspenso con más la de inhabilitación Especial por dos (2) años para ejercer funciones dentro de la fuerza policial, demás accesorias legales y costas, por hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de Vejaciones (Art. 114 bis, primera parte, inc. 2º, primera hipótesis y 29 inc. 3º del Código Penal).
    Que la Sra. Defensora Oficial de Cámara Nº 1, sustenta su impugnación en tres causales bien diferenciadas. La primera, por haberse vulnerado el derecho de ser juzgado en un plazo razonable, la segunda por haber incurrido la sentencia en vicio de incongruencia, al haberse condenado por un tipo penal que requiere una plataforma fáctica distinta de la que fue expuesta en el proceso por el Ministerio Fiscal y la tercera, por ilogicidad y absurda valoración de la prueba rendida en el Juicio.
    El Sr. Procurador General, por su parte, rechaza las causales invocadas, señalando que la garantía de juzgamiento en plazo razonable debe evaluarse ante cada caso concreto, en función del propio delito que se juzga y el interés social en su persecución, con cita de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de éste Tribunal, indicando que la duración del proceso que nos ocupa, difiere notablemente de aquellos en donde el Máximo Tribunal de la Nación consideró aplicable la garantía invocada. Con respecto al vicio de incongruencia, niega que se hubiera modificado la base fáctica porque todo lo que hizo al momento de formular la acusación en el Debate, fue brindar mayor precisión sobre la conducta del procesado, pero que éste siempre supo cuales eran los hechos que se le atribuyeron, señalando que el régimen procesal prevé la modificación del tipo penal cuando no implica modificación fáctica. Finalmente, en torno al argumento defensista sobre ilogicidad y absurda valoración de la prueba, expresa el Sr. Procurador General subrogante, que la condena no se sustenta solamente en los dichos del menor, enumerando los testimonios y certificados médicos que acreditan las existencia del hecho y la autoría de Roldán en el mismo.
    Que puesto a analizar separadamente y en función de los agravios vertidos, el recurso de casación que nos ocupa, la Defensa, luego de mencionar las fechas en que se fueron concretando distintos actos procesales (indagatoria, procesamiento, requerimiento de elevación a juicio, elevación a juicio y audiencia de Debate), señala que transcurrieron Ocho (8) años, si tomamos en consideración el tiempo demandado para la audiencia de Casación, cuando el caso no resultaba complejo y la parte no mantuvo una conducta obstructiva para el desarrollo del proceso, resultando la demora de la pura inactividad judicial. Concluye que la condena aplicada es irrazonable, en función del derecho del imputado a tener un juicio sin demoras.
    Sobre el punto este Superior Tribunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de señalar que los elementos a tomar en consideración para verificar la concurrencia de un agotamiento en el plazo razonable del proceso, son: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del imputado y c) la conducta de las autoridades judiciales (Fallo 1956-Tomo 2004). En el mismo pronunciamiento se perfiló aun más el concepto al indicarse “que debe tenerse en cuenta la entidad del delito endilgado…y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Fallos 310:1476) ya señaló que el plazo razonable del que habla la Convención Interamericana de Derechos Humanos surge de tener en cuenta las características del delito que se imputa, las condiciones personales del imputado y la pena con que se reprime el hecho”.   
    Es rigurosamente cierto el derecho del imputado a ser “juzgado” sin dilación indebida, o sea, el derecho a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término de una vez y para siempre, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que importa el sometimiento al proceso penal, que lo hace padecer física y moralmente, no porque haya delinquido, sino para saber si delinquido o no lo ha hecho (Cafferata Nores, José, en “Garantías Constitucionales y Nulidades Procesales – I”, dirigida por Edgardo Alberto Donna, Revista de Dcho. Penal, pág. 132, Rubinzal-Culzoni).
    Ahora bien, aplicando aquellos parámetros, se advierte que no ha habido conducta obstructiva por parte del acusado, a lo largo del proceso. Que este proceso a su vez, si bien contiene demoras, atribuibles al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Ciudad de Clorinda, sobre todo entre la comisión del hecho (febrero de 2005) y la fecha del llamado a declaración indagatoria a Roldán (Noviembre de 2007, fs. 59/60), no es menos cierto que la actividad persecutoria del Estado se mantuvo,  requiriendo los pedidos de urgimiento que se observan a fs. 71 y 77, por parte de la Procuradora Fiscal interviniente, lo que denota el interés en sancionar la conducta del policía sometido a proceso, aún contra la pereza del titular del Juzgado, que deber ser objeto de un llamado de atención desde éste Superior Tribunal de Justicia. Y remarco esta situación porque si a la actividad persecutoria penal que se advierte clara y contundente, se suma que el delito investigado en autos, es de aquellos que denotan un ejercicio irregular del poder de policía, un abuso del funcionario que el propio Estado está interesado en sancionar, una desnaturalización del ejercicio de la fuerza pública que se confía a determinados funcionarios públicos, a quienes se otorga el uso regular de la coerción pública, aplicando aquellos parámetros que antes mencionaba, no advierto que en autos se hubiera consumado una duración irrazonable del proceso (el debate se realizó en Julio de 2011, fs. 141/145) del modo en que lo plantea la recurrente. Voto en consecuencia por rechazar el argumento casatorio intentado.
    Que en cuanto al vicio de incongruencia que alega la defensa, paréceme evidente que también debe correr la misma suerte. En efecto, desde un principio, desde la misma denuncia de fs. 1, realizada por el padre del menor víctima, se investigó si éste había recibido o no golpes en la cara y en el tórax por parte de lo Oficiales de Policía Duarte y Roldán. Cuando a éste último se lo convoca a prestar declaración indagatoria, se le hace saber el contenido de la denuncia, los certificados médicos de fs. 2, que certifican las lesiones, y distintas declaraciones testimoniales (fs. 07/vta., 09/10, 11/13, 29/31, 37/37 vta. y 41/42), momento procesal en la cual el hasta allí imputado, niega directamente haber cometido el hecho que se le atribuye, elementos de prueba que siempre giraron sobre la misma base fáctica, cual es la golpiza a que fue sometido el menor J. B. T., mientras permaneció en la Comisaría de Clorinda, por parte de ambos policías. La posterior investigación deslindó de responsabilidad a Gumersindo Duarte y sólo quedó sometido a juicio Ricardo Humberto Roldán (fs. 120/122), pero el hecho hasta aquí fue siempre el mismo: los golpes dados por el policía al menor en el corto tiempo que estuvo en la Comisaría y hasta que fue trasladado al Hospital de Clorinda.
    Es cierto que siempre la calificación legal fue la de Apremios Ilegales, así se requirió la elevación a juicio (fs 116/117) y así se elevó a debate (fs. 120/122), y así se le hizo conocer en el acta correspondiente (fs. 141). La Defensa se agravia porque al momento de acusar el Fiscal de Cámara, cambia la calificación de Apremios Ilegales por Vejámenes, señalando que ambos tipos penales contienen elementos distintos.
    Esto último es cierto, si bien ambos tipos penales están contenidos en la misma norma (el art. 144 bis inciso 2º del Código Penal), tienen una entidad distinta que se define por la finalidad. El Apremio Ilegal, es compresivo de todo tratamiento mortificante, físico o moral,  que como la vejación, disminuye cualquier rasgo de la personalidad en una persona detenida, pero ejecutado con la finalidad  de conseguir, de parte del detenido, una acción u omisión que le resulte perjudicial para sí o para otros. La Vejación  por su parte, es todo tratamiento mortificante, físico o moral, destinado a disminuir los rasgos naturales que sustentan la personalidad y que se caracteriza por ser ejercido sobre alguien que se encuentra en situación de indefensión derivada de su situación de encierro o sujeción. (Vazquez Iruzubieta, Carlos; Código Penal Comentado, Tomo III, pág. 76, ed. Plus Ultra). A diferencia del Apremio Ilegal, la vejación es la humillación por la humillación misma, sin otra finalidad.
    Ahora bien ¿por qué no concurre aquí el vicio de incongruencia como lo sostiene la defensa? Porque la base fáctica fue siempre la misma, los golpes dados por Roldán al menor, y porque éste en su indagatoria de fs. 59/60 vta. (la única que prestó porque en el Debate se abstuvo), directamente negó el hecho en sí mismo, no admitió acción alguna con determinada finalidad o con ausencia de ella, negó lisa y llanamente haber golpeado al menor, y si esto es así, a tenor de la propia estrategia defensiva del acusado, no adquiere la entidad que la Defensa pretende otorgarle, que la acusación fiscal caracterice al hecho de la golpiza como absolutamente innecesaria y con el solo objeto de menoscabar al menor, (lo cual se ajusta por cierto a las constancias de autos), sin requerirle del mismo una acción u omisión que resulte perjudicial para sí o para terceros. En este sentido, el cambio de calificación es absolutamente procedente, porque no se sorprende al acusado con una acusación diferente, desde que este siempre negó la base misma del hecho que se le atribuye.
    Voto en consecuencia por desestimar también el vicio de incongruencia que se atribuye al fallo recurrido.
    Por último, se ataca el pronunciamiento señalado que se apoya básicamente en el relato del menor víctima y partiendo de una nueva lectura de la prueba rendida. Sin embargo y dentro de los límites que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene perfilando a partir de Casal, no es menos cierto que existen no sólo certificados médicos que acreditan las lesiones en el menor, cuyo relato a tenor de lo que se expresa en el fallo apelado ha sido coherente durante el transcurso del tiempo, sino también los testimonios de los profesionales que atendieron al mismo en el Hospital, sobre todo el Dr. Caselli, ante quien la víctima sindicó a Roldán como el que le había pegado cuando éste se hizo presente en el nosocomio para llevárselo (fs. 09), avalado a su vez por el de María José Silvagna de fs. 07 y Nilda Cabrera de fs. 41/42vta.
    Que la lectura de tales elementos de prueba, permiten arribar a la certeza que se requiere para sostener la condena aplicada, siendo irrelevante el argumento defensista sobre la literalidad de la frase “grado de certeza”, en tanto como ya se ha explicado en otras oportunidades, no es el giro literario utilizado lo que importa, sino la cita prolija y concordante de los elementos de cargo en los que se apoya la sentencia, los cuales en autos, y tal como se advierte, se ajustan a los datos objetivos que pueden extraerse del expediente que se tiene a la vista.
    Voto en definitiva por el rechazo completo del recurso de casación planteado, formular un severo llamado de atención al Sr. Juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial Dr. Santos Gabriel Garzón, por la demora injustificada en que incurriera para la sustanciación de la instrucción sumarial y sin regulación de honorarios por haber intervenido la Defensa Oficial.
El Señor Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:
    Concuerdo con quien me precede en la votación.
    Respecto del plazo prescriptivo debo señalar que el Art. 67 del C. Penal en su segundo párrafo dispone la suspensión del plazo prescriptivo cuando se trata de un delito cometido en el ejercicio de la función pública. Va de suyo que tal característica es propia de la vejación, ya que solo puede cometerla el funcionario durante el ejercicio de su función.
    En cuanto al tema de la congruencia, es notorio como bien se expresa en el voto precedente, que se trata de hechos iguales los que estamos tratando, diferenciándose “in favor rei” la calificación por no darse una intención específica en el sujeto activo (lograr una confesión por ej.). En definitiva el hecho no ha variado y que los tipos sean disímiles absolutamente, es solo una apreciación dogmática de la Defensa.
    Si bien no hay recurso, no podía haberlo en razón de la reducción de la condena a la petición del Fiscal, no dejo de señalar en éste caso la calidad de menor de edad de la víctima.
    Asimismo es notorio que la detención del menor (de 15 años) es una privación ilegítima de libertad, tanto por su edad como por la razón de la detención (“tirar globitos” según el imputado en su indagatoria). La detención es entonces un despropósito y se advierte que mientras Roldán dice una cosa (detención por la Oficial Marcela Vera), en el libro de guardia se dice otra (ver fs. 63) por dos agentes masculinos.
    Por lo demás no solo a los menores sino a los infractores mayores no se puede detenérselos, con lo que la privación de libertad es grave. Para colmo de absurdos la Juez de
es de Clorinda declaró la prescripción de la acción, cuando por tratarse de un menor no había acción alguna (art. 9º  Código de Faltas). Asimismo la “notificación” al Jefe de Policía de la prescripción no está acorde con la ley provincial del SUAJ (Nº 1278) en sus arts. 2º y 5º inc. C). En el expediente contravencional se lo da por archivado y está agregado a estos autos.
    Creo que debería mandarse una copia de la presente a la Sra. Juez de Menores.
    Concuerdo con la no regulación de honorarios y en el llamado de atención al Juez de Instrucción.-  
El Señor Ministro, Dr. Guillermo Horacio Alucin, dijo:   
    De acuerdo a lo dispuesto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, me adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por el Sr. Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang.
El Señor Ministro, Dr. Marcos Bruno Quinteros, dijo:   
    De acuerdo a lo dispuesto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, me adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por el Sr. Ministro, Dr. Ariel Gustavo Coll.
La Señora Ministro Subrogante, Dra. Telma C. Bentancur, dijo:   
    De acuerdo a lo dispuesto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, me adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por el Sr. Ministro, Dr. Ariel Gustavo Coll.
    Que con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang, Guillermo Horacio Alucin, Marcos Bruno Quinteros y la Señora Ministro Subrogante, Dra. Telma C. Bentancur, se
que prescribe el artículo 25 de la ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la administración de Justicia, por lo que el,   

EXCMO. TRIBUNAL DE CASACION   
    
RESUELVE:

1º) Rechazar el Recurso de Casación promovido por la Sra. Defensora Oficial de Ricardo Humberto Roldán, confirmando íntegramente la sentencia Nº 9980- Año: 2.011, dictada por la Excma. Cámara Primera en lo Criminal.-

2º) Formular un severo llamado de atención al Sr. Juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial Dr. Santos Gabriel Garzón, por la demora injustificada en que incurriera para la sustanciación de la instrucción sumarial.-

3º) Sin regulación de honorarios por haber intervenido la Defensa Oficial.-

4º) Regístrese, Notifíquese y Oportunamente, bajen los autos a Origen.-

DR. ARIEL GUSTAVO COLL                      DR. EDUARDO MANUEL HANG             

DR. GUILLERMO HORACIO ALUCIN      DR. MARCOS BRUNO QUINTEROS                

DRA.  TELMA C. BENTANCUR

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