Martes - 22 - Julio - 2014

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FALLO - PUBLICIDAD ACTOS DE GOBIERNO

FORMOSA, Once de marzo de dos mil trece.

VISTOS:
    Estos autos caratulados: “PTE. DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE LAISHI S/MANDAMUS”, Expte. Nº 134 - Fº Nº 08  - Año 2012, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del  Excmo. Superior  Tribunal  de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 29  y;

CONSIDERANDO:

    Que, a fs. 13/16 el Sr. Isidoro Oviedo, en su carácter del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco de Laishí –investidura que acredita con la documental de fs. 1- promueve Acción de Mandamus contra el Intendente de la misma Municipalidad, (Art. 33 de la Constitución Provincial) para que en el plazo que se ordene, informe sobre las rendiciones de cuenta, balance de la gestión período 11/12/11 a la fecha de promoción del Mandamus, dinero recibido de los Fondos nacionales durante los períodos 2011 y 2012, movimientos de cuenta y destino de los fondos.-
    En sustento de la acción planteada, indica que, de conformidad a las facultades establecidas en la Ley 1.028, especialmente el artículo 38 inciso 26, el Concejo Deliberante está facultado para examinar las cuentas de la Administración Comunal, estableciéndose en el artículo 74 que es competencia del departamento deliberante, “el control de gestión” de esa administración, para lo cual deberá nombrar una Comisión con específicas funciones y las facultades necesarias para su cometido.-
    En función de esa disposición legal, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco de Laishí, dictó la Ordenanza Nº 277/12 (fs. 3/5), conformando la Comisión de Control de Gestión de la Administración Comunal, con las facultades de ley.  Ante la negativa del Intendente de proporcionar la información interesada, se facultó al ahora presentante, Concejal Isidoro Oviedo, a promover la acción que nos ocupa (fs. 6). Se agrega que lejos de colaborar con la Comisión de Control de Gestión, el Intendente Municipal vetó aquella Ordenanza Nº 277/12 mediante Decreto Nº 637/12 (véase copia a fs. 7), ratificando entonces el Concejo la decisión antes adoptada, mediante Ordenanza Nº 278/12 cuya copia se agrega a fs. 8. Se sigue diciendo que en ejecución de esa decisión, se requirió al Intendente que informe sobre los puntos antes señalados, sin que hasta la fecha el titular del Ejecutivo Municipal hubiera cumplido con lo requerido.-
    Finalmente, luego de invocar la procedencia del artículo 33 de la Constitución Provincial para el caso que nos ocupa, transcribe –por cierto que innecesariamente- el Fallo 9821/12 dictado por este Superior Tribunal de Justicia en los autos “Pte. Concejo Deliberante de Ibarreta s/Mandamus”, al considerar que el precedente es aplicable al de autos.-
    Que, habiéndose corrido vista al Sr. Procurador General (fs. 17), el mismo emite dictamen solicitando que para verificar la sumaria obligación del demandado en cumplir con lo requerido por el Departamento Deliberante de la Municipalidad de San Francisco de Laishí, se oficie al Sr. Intendente José Orlando Lezcano, para que en breve término proceda a informar acerca de los motivos del incumplimiento en brindar la información requerida (fs. 22/vta.).-
    Que, en cumplimiento al pedido fiscal, se libró pedido de informes al Sr. Intendente Municipal (fs. 23), el cual, pese a estar debidamente diligenciado como surge del informe de Secretaría de fs. 29, nunca lo contestó.-
    Que, siendo así, debe recordarse que la acción prevista en el artículo 33 de la Constitución Provincial, “se trata de una especie del amparo jurisdiccional, con una vía procesal excepcional, no ordinaria ni reglamentada, siendo su ratio legis solamente la de procurar un pronto despacho del obrar demorado de algún funcionario sobre un deber expresamente determinado … agotándose su finalidad en la obtención de una orden judicial de pronunciamiento de la autoridad administrativa, decretándose para el caso, si lo amerita, un mandamiento de ejecución” (cf. Fallo 9821- Tomo 2012, S.T.J., Fsa.).-
    Que, tal como se cita en el precedente invocado, aquí también la actora solicita el cumplimiento de expresas disposiciones legales necesarias para el ejercicio de las tareas propias del Concejo Deliberante, disposiciones legales que también, en forma expresa, obligan al ejecutivo municipal a realizar a los fines de informar para que aquel pueda ejercer la tarea de control que legalmente le corresponde, sobre todo cuando estamos ante la inversión y uso de fondos públicos.-
    La rendición de cuentas como obligación de todo Departamento Ejecutivo Municipal, surge del artículo 100 inciso “e” de la Ley 1.028 y por su parte resulta deber del Departamento Deliberante examinar las cuentas de la administración municipal (Art. 38 inc. 16 de la Ley 1.028), en tanto como bien lo cita la actora, el artículo 74 del mismo cuerpo normativo, también impone al Concejo el control de gestión en la administración comunal, para lo cual puede solicitar toda la información que considere necesaria.-
    Tal como se señaló en el Fallo 9821-Tomo 2012 ya citado, “la rendición de cuentas es la forma de dar cuentas de su administración por parte del Intendente”, obligación que emana del artículo 179 inciso 11 de la Constitución de la Provincia.-
    Siendo esos los preceptos legales que deben tenerse en cuenta para la solución del planteo, corresponde analizar si en el caso existe una inobservancia grave por parte del funcionario requerido del cumplimiento de su obligación legal, en tanto como bien lo consignó el Sr. Procurador General subrogante, el incumplimiento denunciado debe producir una lesión grave, presente e imposible de corregir por otro medio.-
    En el caso que nos ocupa, si bien el Intendente Municipal de San Francisco de Laishí no contestó el pedido de informes ordenado a fs. 23, de la documental aportada por la actora, se desprende que mediante el Decreto 637/2012 vetó la Ordenanza 277/12 que disponía la conformación de la Comisión de Control de Gestión –prevista como ya vimos en el artículo 74 de la Ley 1.028-, con argumentos que revelan un notorio apartamiento de su obligación constitucional y legal. Es así que cuestiona la conformación de la Comisión de Control de Gestión, para lo cual no tiene atribución legal porque sólo el Departamento Deliberante decide como y con qué alcances se conforma aquella, de acuerdo a la norma citada. Considera que existe una invasión inconstitucional de facultades propias del Ejecutivo Municipal, con vulneración del sistema republicano y las autonomías municipales, lo que lo lleva a considerar la nulidad grosera de la ordenanza que por ese acto veta.-
    Que, los términos del Decreto 277/12 cuya copia obra a fs. 7/vta. revelan un profundo desconocimiento del sistema de gobierno municipal que consagra la Constitución Provincial y un grave desprecio por la publicidad de los actos de gobierno que ameritan hacer lugar a la acción planteada.-
    En efecto, la Constitución local dispone que “cada Municipalidad se compondrá de un Departamento Ejecutivo a cargo de un Intendente y de otro Deliberativo desempeñado por el Concejo” (Art. 179 inciso 1º). La autonomía municipal consagrada en el artículo 5º de la Constitución Nacional no se limita a los Intendentes, porque el gobierno municipal cuenta con Dos (2) órganos debidamente diferenciados en cuanto a su conformación, competencias, atribuciones y deberes (Art. 24, 33, 38 y cc respecto a los Concejos Deliberantes y artículos 84, 86 y cc respecto a los Intendentes, todas de la Ley 1028), pero ambos conforman el gobierno municipal y a quien se le debe garantizar autonomía.-
    Por su parte, la publicidad de los actos de gobierno es un Principio del sistema republicano de gobierno, a partir del poder que los ciudadanos depositan en sus representantes para que atiendan las cuestiones comunes a todos y justamente como administradores de la cosa pública, los funcionarios a cargo de la gestión de administrar tienen la obligación de rendir cuentas y dar a conocer sus actos. Ese derecho hoy se encuentra consagrado y reconocido por la comunidad internacional a partir del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos incorporado a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22. La democracia lleva ínsita la rendición de cuentas y en ese ámbito, su naturaleza jurídica es que a través de ella se controla al poder político, teniendo así adecuado acceso a la información (cf. Fallo 9821-Tomo 2012).-
    De todo lo expuesto y la conducta manifestada por el Intendente Municipal de San Francisco de Laishí expresada mediante el Decreto 277/12, surge evidente la obligación del mismo de rendir cuentas ante el Departamento Deliberante de su gestión como administrador de recursos públicos y la negativa grave a proporcionar esa información que no es por cierto del Sr. Intendente, sino de todos los habitantes de la localidad de San Francisco de Laishí, resultando procedente la acción planteada al concurrir los extremos del artículo 33 de la Constitución Provincial. Asimismo, la renuencia a informar a este Tribunal del pedido que se le formulara oportunamente, impone que se le apliquen las costas del proceso, en tanto resulta vencido en la contienda (Art. 68, C.P.C.C.).-
    Por todo ello, con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucin, Marcos Bruno Quinteros, Eduardo Manuel Hang y la Señora Ministro Subrogante Dra. Vanessa Jenny Andrea Boonman, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:
    1º) Hacer lugar al Mandamus promovido a fs. 13/16 contra el Intendente de la Municipalidad de San Francisco de Laishí, Sr. José Orlando Lezcano y en consecuencia ordenar al mismo, que en el plazo de cinco (5) días hábiles, de estar personal y debidamente notificado, proceda a informar debidamente ante el Concejo Deliberante de esa Municipalidad, sobre el balance de gestión actualizado, tal como le fuera requerido por la Comisión de Control de Gestión, y especialmente el dinero recibido por los períodos 2011 y 2012 de fondos nacionales, con las documentaciones de movimientos y destinos, bajo apercibimiento de aplicársele una sanción de Un Mil Pesos ($ 1.000) por cada día de demora en proporcionar la información requerida.-
    2º) Costas al Sr. Intendente Municipal José Orlando Lezcano (Art. 68, C.P.C.C.) regulándose los honorarios profesionales del abogado Ricardo Alberto Ruíz por su intervención en autos en la suma de Veinte (20) “Jus” (cf. Art. 43 de la Ley 512 de analógica aplicación).-
    3º) Regístrese. Notifíquese en la forma indicada, ofíciese. Oportunamente, archívese.
    

 

ARIEL GUSTAVO COLL                                                          GUILLERMO HORACIO ALUCIN

MARCOS BRUNO QUINTEROS                                            EDUARDO MANUEL HANG

                                                           VANESSA JENNY ANDREA BOONMAN         
                                                  

ANTE MI
              DRA. MARIA CELESTE CORDOBA DE PANIAGUA

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