Artículo 1º: El presente reglamento, regirá como guía de organización y funcionamiento de las Dependencias del MINISTERIO PÚBLICO, sin perjuicio de otras Instrucciones específicas existentes o que se puedan impartir; y siempre que no se opongan a disposiciones legales de mayor jerarquía.

Artículo 2º: EL MINISTERIO PÚBLICO es único, no obstante sus divisiones interiores establecidas en razón del trabajo, la competencia y las funciones específicas de cada órgano. Conforme a la organización jerárquica de éstos, cada Funcionario Superior controlará el desempeño de quienes lo asistan en sus labores y será responsable por la gestión de los empleados a su cargo; los que deberán ajustarse a los deberes y obligaciones que rigen para el personal del Poder Judicial y a las instrucciones que su Jefe inmediato o el Procurador General impartan en relación de sus funciones.

 

Artículo 3º: EL MINISTERIO PÚBLICO es un órgano que representa a la sociedad, ante los demás entes jurisdiccionales, para velar por la legalidad del proceso, el interés de la parte que represente, los derechos y las garantías constitucionales. Actuará en el marco que establece la ley y desarrollará sus actividades en coordinación con los otros Organismos del Poder Judicial y demás Dependencias de la Provincia, sin sujeción a directivas que emanen de autoridades ajenas a su estructura y que se refieran a sus funciones específicas.

Artículo 4º: LOS FUNCIONARIOS, en su actuación ante los órganos jurisdiccionales o vinculados a su quehacer oficial, gozarán de autonomía de criterios, según lo establezcan las leyes procesales y de la materia de que se trate; pero considerando las pautas unificadoras que se puedan acordar o que sean impartidas por el Procurador General.

Artículo 5º: A los fines de facilitar el conocimiento público de su labor y posibilitar su control, el MINISTERIO PÚBLICO podrá informar objetivamente, a los medios de comunicación social, sobre los principales asuntos en que intervengan, sin afectar la conveniente reserva de las actuaciones o la preservación del principio de inocencia. Podrá, igualmente, recopilar y publicar los reglamentos, las instrucciones generales, los dictámenes, que ya hayan sido conocidos previamente por el Juez de la Causa, y las resoluciones administrativas de mayor relevancia.

Artículo 6º: Para el mejor cumplimiento de sus funciones, los miembros del MINISTERIO PÚBLICO podrán recabar información y solicitar la colaboración de los organismos públicos; dentro de los límites determinados por la ley, la necesidad y la oportunidad. Así mismo, su actuación estará orientada al intento de solucionar los conflictos y la conciliación de los diversos intereses en juego, procurando la preservación de la paz social mediante la equidad, la seguridad y la eficiencia.

Artículo 7º: El MINISTERIO PÚBLICO debe cooperar, en cuanto sea posible, con la tramitación de las extradiciones de los imputados que se hallen en el exterior e intervenir, formal o informalmente, en las Causas en que se pretendan las mismas. Los resultados oficiosos que pudieran obtener, deberán hacerlos conocer de cualquier manera al Juez competente y, de ser útiles, procurará que ellos se incorporen legalmente al proceso.

Artículo 8º: Para el mejor cumplimiento de sus funciones en un marco de observancia de las Constituciones Nacional, Provincial y de las Leyes que se refieren al Debido Proceso, el MINISTERIO PÚBLICO podrá:
a) Promover investigaciones científicas en el campo de la política criminal, que permitan conocer la evolución del fenómeno y sus soluciones.
b) Elaborar o recoger estadísticas de los hechos punibles, sus causas, naturaleza de los mismos y de los procesos penales; e integrar un sistema general de información con otras oficinas o instituciones.
c) Participar de programas de prevención delictual a través de acciones docentes o,concretamente, de operativos policiales tendientes a prevenir acciones delictivas o para hacerlas cesar; velando por la corrección de todos los actos emprendidos a esos fines.
d) Promover el perfeccionamiento de los medios de investigación y el uso de instrumentos técnicos para el descubrimiento y prevención de los hechos delictivos.
e) Mediar ante otras autoridades nacionales, provinciales o municipales, para obtener la realización de actividades u obras que coadyuven a la evitación de acciones generadoras de conflictos.

Artículo 9º: Cada DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES, de ambas instancias, actuará con lealtad y diligencia hacia las partes que representen; sin que los intereses encontrados que simultáneamente deban o puedan ser atendidos, se vean afectados por la unidad de pertenencia a un mismo organismo; lo que no obstará para que se allanen o concilien pretensiones mediante acciones que tiendan a soluciones justas.

Artículo 10º: Las ASESORIAS DE MENORES E INCAPACES, en el cumplimiento de sus funciones, deben velar por los intereses de quienes representen, con un criterio de conveniencia inmediata y mediata para los mismos. Teniendo en cuenta las realidades familiares, económicas y sociales actuales; prestando especial atención, en estos últimos casos, las actitudes de violencia que pueden asumir algunos menores y el grado de peligro que ello significa para otros jóvenes y para la sociedad en general. Como así, procurará la recuperación psicológica de los menores víctimas de algún ilícito, acudiendo a los medios y adoptando las medidas más eficientes posibles.

Artículo 11º: En las investigaciones y procesos penales con menores o incapaces inimputables, procurará que aquéllos causen el menor daño posible a los involucrados y evitará que los medios de comunicación social publiquen la identidad de los mismos. Como así, que en tales casos o en los que se procure la aplicación de medidas tutelares, se observe un tratamiento adecuado a los fines de resocialización y no adquieran características de sanciones penales.

Artículo 12º: LA DEFENSORÍA OFICIAL, sin desnaturalizar su rol específico, debe actuar con lealtad y ética; asumiendo una efectiva defensa con criterios propios. No obstante, salvo los casos de intereses contrapuestos, los Defensores pueden intercambiar opiniones o realizar interconsultas, sin distinción de grados o jerarquías, tendientes a lograr mayor eficiencia en su labor.

Artículo 13º: En el desempeño de sus funciones, si así lo estiman conveniente, podrán requerir la Suspensión del Juicio a Prueba, acordar la Instrucción Reducida o el procedimiento del Juicio Abreviado. No estarán obligados a recurrir los Fallos Jurisdiccionales adversos ni a sostener los mismos, cuando sus fundados y lógicos criterios, los conduzca a apreciar el improbable éxito de tales remedios procesales. Igualmente, cuando deban discernir la invocación de alguna supuesta nulidad procesal.

Artículo 14º: Ante la existencia de pruebas de descargo, los Defensores deberán ejercer toda su diligencia para proponerlas y para que se obtengan o produzcan las mismas; incluso acudiendo a las reservas, insistencias, pedidos de “pronto despacho” o a cualquier otro medio que autoricen las leyes; pero siempre en un marco de lealtad y en aras de alcanzar la justicia y celeridad de los procesos. Esta actitud, también podrán adoptar cuando, por orfandad probatoria, no se haya desvirtuado el principio de inocencia en un plazo razonable, o si consideran que se ha operado la prescripción de la acción penal.

Artículo 15º: El MINISTERIO FISCAL es un órgano que representa a las víctimas o damnificados de un hecho delictivo y debe opinar cuando se puedan afectar intereses particulares legítimos, con carácter general.
En su actuación, debe velar por la legalidad de los procesos y tender a dar respuestas satisfactorias a la sociedad, en el campo de la seguridad y la paz social.

Artículo 16º: En relación a la materia penal el MINISTERIO FISCAL, a través de sus Agentes Fiscales, los Fiscales de Cámara y la Procuración General, según las competencias asignadas por ley, defiende la seguridad y el patrimonio público y social; ejerce y prosigue la acción penal pública, procurando que los hechos ilícitos no queden impunes y que ésto resulte eficaz para la protección de los bienes jurídicos. Debiendo, asimismo, coadyuvar para la readaptación de los condenados y protección de los derechos de las víctimas y damnificados por un delito; mediante una activa colaboración con el Juez de la Causa.

Artículo 17º: LOS FISCALES actuarán conforme lo estatuido por el Código Procesal Penal, las Instrucciones Generales impartidas por el PROCURADOR GENERAL y observando, en lo posible, el presente reglamento. La persecución penal de delitos de acción pública debe ser iniciada y proseguida; y no se podrá pretender su suspensión, interrupción o hacerla cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por la ley como manera para la solución de los conflictos. En los casos en que los Jueces resuelvan la suspensión del procedimiento o dicten un sobreseimiento, los Fiscales analizarán su procedencia y de compartir lo decidido, se abstendrán de recurrir y podrán comunicar lo resuelto a las víctimas.

Artículo 18º: Cuando por la naturaleza o complejidad del caso se torne necesario, el AGENTE FISCAL que intervenga en la Causa, podrá solicitar al PROCURADOR GENERAL, o éste decidirlo por sí, la realización de una junta de Fiscales para evaluar el caso, la marcha de la investigación o sugerir medidas. También, los FISCALES pueden interconsultarse entre sí y los de Primera Instancia recibir sugerencias de los FISCALES DE CÁMARA en relación a elementos que éstos estimen útiles para el Juicio. La actuación de todos, deberá ser emprendida de buena fe, sin ocultar maliciosamente las pruebas que puedan servir a la Defensa; y facilitando el arribo a la “probatio”, la Reducción de la Instrucción o la Abreviación del Juicio, cuando ello resulte conveniente para la celeridad o solución del conflicto.

Artículo 19º: Los AGENTES FISCALES directamente, o los PROFESIONALES que colaboren con ellos, podrán recepcionar las denuncias pero en tal oportunidad, al imponerse de la situación y los reclamos de las víctimas o damnificados por el hecho supuestamente delictivo, y de ser necesario se les advertirá sobre las alternativas y consecuencias futuras de la denuncia. Previo a requerir la Instrucción Formal, podrán solicitarles el aporte de los elementos o datos que necesiten para decidir o meritar la investigación.

Artículo 20º: Durante el proceso, el MINISTERIO FISCAL puede recoger o recepcionar informalmente elementos de prueba a través de las víctimas, damnificados o de terceros; los que procurará, de apreciarlos útiles, que sean introducidos legalmente a la Causa. Incluso, cuando un hecho denunciado o publicado no aparezca suficientemente claro como para requerir la Instrucción Formal, el Fiscal interviniente puede practicar una breve investigación sumaria, conforme las instrucciones específicas impartidas, a efectos de formar criterio para instar la acción, peticionar el archivo de las actuaciones o el rechazo de la denuncia. De ser necesario, el MINISTERIO FISCAL procurará la protección de las víctimas, testigos, funcionarios y de todos los que, por la colaboración con la administración de justicia, puedan correr peligro de sufrir algún daño; en especial, cuando se trate de hechos punibles vinculados con el crimen organizado o relacionados con abusos del poder o violaciones a los Derechos Humanos.

Artículo 21º: El AGENTE FISCAL que corresponda, será informado de la iniciación de todas las Prevenciones Policiales, de inmediato; a través de los pertinentes “partes” y además, de los hechos graves o violentos, deberán ser impuestos telefónicamente o por el medio más rápido posible. En tales casos, con la venia judicial pertinente, podrá proponer acciones y medidas o impartir instrucciones extremas que tiendan a evitar la pérdida de pruebas. En tales casos, se constituirá de inmediato en el lugar de los hechos o en la Comisaría interviniente a fines de imponerse de las actuaciones e investigaciones interesadas. Igualmente, participará de los actos relevantes de la Prevención Policial o de la Instrucción Formal; especialmente en los allanamientos, secuestros, indagatorias y testimoniales; siempre que las circunstancias lo tornen posible.

Artículo 22º: Los FISCALES intervinientes en cada caso, organizarán un método de seguimiento de las Causas en que actúan, proponiendo al Juez las medidas probatorias que estimen útiles y procedentes para el descubrimiento de la verdad. Se podrá comunicar con la Policía para conocer y acordar su participación en los actos de investigación, si lo estiman procedente. Igualmente, pueden controlar los lugares de detención, el inventario de los bienes secuestrados, las condiciones físicas de los imputados y el respeto a sus derechos.

Artículo 23º: Las DEFENSORÍAS OFICIALES y los FISCALES, mantendrán su individualización numérica y entrarán de turno cada 30 y 10 días respectivamente, pero deberán subrogarse en forma automática, especialmente en horarios hábiles de labor; sin que se puedan argüir, en ningún caso, cuestiones de competencia interna que retrasen la sustanciación de las Causas. Todo ello discernido bajo el concepto de unidad con que debe actuar el MINISTERIO PÚBLICO. El Personal que los asista, será común y entre tales empleados se distribuirán las Causas según lo determinen los respectivos Jefes, haciendo prevalecer una adecuada distribución del trabajo diario y el seguimiento del estado de las Causas.

Artículo 24º: Los PROFESIONALES que actúan en la Fiscalía o Defensoría, podrán desempeñarse como asistentes de cada Fiscal o Defensor y a ellos se les pueden asignar labores específicas, en orden a la jerarquía que detentan; inclusive la concurrencia y colaboración en determinados actos procesales, si fuera necesario. Asimismo, podrán intervenir en la distribución de los casos que llevarán los empleados, ser consultados por éstos y realizar las tareas de contenido eminentemente jurídico que les sean asignadas. Estos principios no excluyen otras formas de organización que los Fiscales o Defensores puedan adoptar con fines de un más eficiente cumplimiento de sus funciones.

Artículo 25º: El PROCURADOR GENERAL, podrá disponer la asignación especial de ciertas Causas, a uno o varios Fiscales, profesionales o empleados; atendiendo a principios de eficiencia, a los recursos humanos existentes, a la materia y a la política criminal del MINISTERIO PÚBLICO. Igualmente, podrá requerir informaciones sobre diversos casos de interés, realizar sugerencias, impartir directivas o participar con los Fiscales en determinados actos; para lo cual podrá constituírse en cualquier Dependencia del Ministerio Público, de los Tribunales intervinientes, de la Policía o lugar de los hechos.

Artículo 26º: El PROCURADOR GENERAL dispondrá del personal y de los bienes del MINISTERIO PÚBLICO para asignarlos a la Dependencia interna a la que resulten más útiles según sus fines, con intervención de las áreas administrativas pertinentes. Pudiendo hacer efectivo un régimen de “premios y castigos”, según los méritos de todos los miembros de las Dependencias que de él dependan. Como así, promover la realización de “talleres” o “reuniones” de perfeccionamiento, con participación obligatoria.

Artículo 27º: En las DEPENDENCIAS del INTERIOR de la PROVINCIA, el presente reglamento será aplicable en todo aquello que sea factible; respetando, a la vez, las Disposiciones Legales Vigentes, las Instrucciones Generales y Especiales que se hayan impartido y que se puedan dictar. Todas las cuales deberán ser observadas con el espíritu de ser parte del Poder Judicial de la Provincia, de la Unidad del MINISTERIO PÚBLICO y con el ánimo de COMPRENSIÓN, COLABORACIÓN y VOLUNTAD, para alcanzar un mayor éxito de las funciones específicas. Conociendo que el mayor incentivo será el reconocimiento de su labor y el mejor premio su sentido de pertenencia a un Órgano Eficiente de la Administración de Justicia.

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