STJ APROBÓ PROTOCOLO SOBRE TRATO ADECUADO Y ACCESO A JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Superior Tribunal de Justicia aprobó para su aplicación en la justicia provincial el protocolo de trato adecuado para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, con lo cual volvió a dar otro paso significativo en el proceso que apunta a remover barreras actitudinales y socio culturales en esta materia, mejorando el servicio de justicia.

Descargar protocolo

El protocolo contiene una serie de recomendaciones prácticas que pueden servir de guía para los operadores de Justicia. También reúne un conjunto de principios y derechos básicos a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia y servirá de base para la capacitación continua y el perfeccionamiento del Poder Judicial y otros ámbitos afines.

El trabajo, que consta de 64 páginas, fue elaborado en el marco del programa Eurosocial para la cohesión social en América Latina y participaron de su redacción autoridades, técnicos y especialistas de los ministerios Público de la Defensa de la Nación y  de Justicia y Derechos Humanos, como así también del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Días atrás, el defensor del Pueblo de la Nación solicitó formalmente la aplicación en el Poder Judicial de la provincia y el STJ decidió aprobarlo mediante el Acuerdo 2841 (punto segundo) previo dictamen de la asesora de Menores e Incapaces de Cámara, doctora María Fátima Pando, quien manifestó su beneplácito por este paso sumamente alentador que acaba de darse en el ámbito de la justicia provincial.

Desarmar estereotipos

El Poder Judicial de Formosa viene trabajando desde hace más de dos años en esta materia, con la presencia y participación en talleres de formación realizados en Buenos Aires. Incluso el protocolo que acaba de aprobar el STJ, ya ha tenido amplia difusión dentro de la justicia provincial, a través de diversas actividades organizadas con este cometido.

La doctora Pando representó al Poder Judicial de Formosa en el taller de formación de formadores sobre derecho a un trato adecuado y acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, realizado en Buenos Aires en noviembre de 2013.

La funcionaria judicial también asistió el año pasado al segundo taller sobre esta temática también llevado a cabo en Buenos Aires, ocasión en la que fue presentado el manual de buenas prácticas en el acceso a la justicia para garantizar el voto a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. En esa oportunidad también se presentó el blog sobre acceso a la justicia de Personas con Discapacidad.

Sobre las actividades realizadas en los tribunales de Formosa, Fátima Pando explicó que a través de la Escuela Judicial se llevaron a cabo dos talleres donde fue presentado el protocolo de modo sintetizado, concluyéndose sobre la  necesidad de cambiar la mirada de la persona con discapacidad (los cambios se generan desde la persona hacia el entorno donde interactúa), revisando conductas para desarmar estereotipos que ubican a la misma en una situación de desigualdad, evitando la visión lastimera o de compasión  de la discapacidad

Señaló la funcionaria que también se  trabajó sobre la necesidad de implementar buenas prácticas inmediatas, que no requieran cambios que demanden modificación de normativas internas, o de espacios físicos o costos económicos (en una primera instancia), y tal sentido, celebró que en algunas dependencias esto  ya se está  aplicando.

A la luz del trabajo emprendido en el Poder Judicial de Formosa, consideró que el protocolo ha tenido difusión dentro del Poder Judicial, razón por la cual estimo sumamente alentador que se siga avanzando en este camino, mediante la respectiva aprobación del protocolo interesado.

A los dos talleres que realizó el Poder Judicial asistieron  magistrados del fuero de Familia, funcionarios del Ministerio Público Tutelar, jueces de Paz, secretarios, agentes del fuero civil, del fuero laboral, del servicio administrativo financiero, del fuero de familia y de la Oficina de Gestión de Audiencias, del Juzgado de Ejecución Penal, de la Oficina de Violencia Familiar, de la Defensoría de Pobres y Ausentes y de la Defensoría Oficial.

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