Ante la publicación del Decreto N° 467/2026, mediante el cual se modifican los necanismos de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales inferiores, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificó las expresiones vertidas en su declaración de fecha 22 de marzo de 2024.
“Tal como allí se ha sostenido, y en concordancia con el ideario constitucional, a relevancia de los cargos implicados exige que al presupuesto básico de la idoneidad se equiparen los principios de equidad de género, la especialización profesional y la correspondencia con la naturaleza federal de la República”, expresa el pronunciamiento firmado por Emilia María Valle (presidenta) Sergio F. Vittar (vicepresidente) y Adriana García Nieto (secretaria).
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia reafirma que la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Inferiores debe respetar, de manera armónica e indivisible, los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica.
En tal sentido, sostiene que tales criterios no constituyen meras pautas de oportunidad política, sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y de la propia naturaleza federal del Estado. “Cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país”, afirma la declaración.
Asimismo -agrega la JuFeJus- la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003 constituye un grave retroceso institucional. “Manifestamos nuestra preocupación por la reforma que restringe los mecanismos de participación ciudadana, debilitando instancias de transparencia, publicidad y control democrático que contribuyen a fortalecer la confianza pública en las instituciones”, advierte el texto de la declaración.
Finalmente, subraya la Junta Federal que esta norma resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, vulnerando garantías democráticas esenciales y debilitando la transparencia en la selección de magistrados y magistradas.
